Una de las características más sobresalientes de la
formación ciudadana en Colombia, al igual que en muchos otros países de corte
«occidental», descansa sobre los preceptos de ciudadanía, generalmente
formulados alrededor de intereses parcialmente ajenos a la promoción de la
ciudadanía misma así como en proyectos de nación impuestos (Mesa Arango, 2008).
Esto como consecuencia de la acción dinámica del modelo neoliberal hegemónico
presente en el orden mundial que se relaciona de manera directa con las
orientaciones inherentes a una economía de mercado (Peralta Duque, 2007).
El Estado de hoy prioriza las relaciones de asociación y
negociación con los sectores financieros dominantes por encima de su obligación
de facilitar el desarrollo de una sociedad civil democrática, lo que conlleva a
la delegación de competencias públicas en sectores no estatales. Igualmente, da
lugar a una significativa y creciente injerencia de actores corporativos y
organizacionales de carácter privado en asuntos públicos, constituyendo una
tendencia – mundial– de «achicamiento» que revela las más oscuras intenciones
de los capitales transnacionales.
Con la Constitución de 1991, el Estado colombiano apostó
a construir una ciudadanía que tenía como referente el modelo cívico,
considerado el tipo ideal de moral pública, donde los valores fundamentales
deberían ser «el respeto del orden jurídico, la responsabilidad de los
funcionarios, la participación ciudadana y la protección de los derechos
individuales» (Hurtado y Naranjo en Jiménez Martínez, s.f.: 14). Por su parte,
Mesa Arango (2008) en su artículo «La formación ciudadana en Colombia»,
distingue algunos perfiles de la propuesta orientadora de formación ciudadana
de las instituciones educativas en Colombia. En consonancia con el modelo
cívico, y sin que exista consenso ni unanimidad al respecto en un país
multicultural y plural como el nuestro, Mesa Arango aboga por la formación de
«[c]iudadanos observadores de la Ley y el orden, buscadores y propiciadores de
la paz, participativos, críticos de lo establecido, defensores de los
derechos..., cumplidores de sus deberes» (2008: -).
En tanto, en Colombia la formación ciudadana continúa
siendo un concepto al que no se le presta suficiente importancia al interior de
la educación y por lo tanto no permite el ejercicio de la práctica social
ciudadana, el compromiso y la responsabilidad social. Al carecer de
fundamentación ética, filosófica y política de fondo, se evidencia una
orientación hacia la manipulación velada de la participación política ciudadana
de la sociedad colombiana (Jiménez Martínez, s.f.: 8). Resulta pues
imprescindible comprender que la forma en que se desarrolla la cultura política
en el entorno en donde actúan las instituciones educativas, incide
indefectiblemente sobre el impacto que esta ejerce sobre el mismo (Peralta
Duque, 2007: 166).
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